La medida, interpretada como un gesto de flexibilización hacia el sector público financiero, podría transformar la operatividad del mercado cambiario. Pero, como advierten los economistas Hermes Pérez y Asdrúbal Oliveros, su alcance real dependerá de procesos técnicos y regulatorios que aún están por completarse.
Para Pérez, exjefe de la mesa de cambio del BCV, la licencia corrige una anomalía. Hasta ahora, los recursos se manejaban a través de una cuenta del Tesoro de Estados Unidos y mediante bancos intermediarios, un mecanismo que describe como “poco práctico” y alejado del funcionamiento natural de un banco central.
Con la nueva autorización, el BCV podría retomar la centralización de estas operaciones y establecer contacto directo con la Reserva Federal, lo que facilitaría la ejecución de transacciones y reduciría fricciones operativas.
Sin embargo, el economista subraya que la licencia es apenas el primer paso. Para que el BCV pueda operar, los funcionarios encargados deben ser autorizados por las autoridades estadounidenses bajo los protocolos de “conocimiento del cliente”. En el pasado, cuando la institución mantenía estabilidad institucional, los cambios en la presidencia no paralizaban las operaciones porque otros firmantes conservaban su autorización. Hoy, ese andamiaje debe reconstruirse desde cero.
Pérez recuerda que la aprobación de firmas autorizadas puede tardar entre nueve meses y un año, especialmente si se trata de funcionarios sin historial previo en el sistema financiero internacional. “No es un proceso de dos días ni de una semana”, advierte. Aun así, considera que la medida se inscribe en una mejora progresiva de las relaciones entre Caracas y Washington, con potencial para facilitar la transferencia de recursos y devolver al BCV un rol más pleno en la administración cambiaria.
Alivio para el mercado, pero no la solución
Desde otra perspectiva, Asdrúbal Oliveros coincide en que la Licencia General 57 representa un avance significativo. En un video publicado en Instagram, el economista explicó que la medida flexibiliza sanciones sobre todo el sistema financiero público, permitiendo que más bancos participen en la asignación de divisas y ampliando la profundidad del mercado.
Oliveros destaca que la licencia habilita no solo operaciones mediante tarjetas prepagadas, sino también transferencias y, eventualmente, transacciones en efectivo o pagos internacionales. Ese abanico, afirma, puede ayudar a normalizar el mercado cambiario y mejorar el flujo de divisas.
Pero advierte que la flexibilización no resuelve los desequilibrios estructurales. Para que el mercado funcione con mayor estabilidad, señala, es indispensable avanzar en la consolidación fiscal y rediseñar el mecanismo de subastas y la formación de la tasa de cambio.
