Groups supervising Venezuela's foreign assets plan to submit this week to the nation's congress a proposal to extend the validity of billions of dollars in defaulted bonds, the head of one of the overseeing boards said on Monday.
The proposal to bondholders, which would allow for payment negotiations and debt restructuring efforts, would be similar to a plan presented in March by the Venezuelan government and state oil company PDVSA to suspend statute of limitations on the debt until 2028 or until U.S. sanctions on the nation are lifted.
Since the Maduro administration is not recognized by Washington, the government's proposal has not shown much progress. An equivalent plan by the opposition-led National Assembly also would have to be green lit by the U.S.
"There must be a joint declaration over the bonds' validity by Venezuela's Committee for Administration and Protection of Assets and PDVSA's ad-hoc board, which could happen this week," said Horacio Medina, who leads the PDVSA ad-hoc board.
If the proposal is passed, the National Assembly would allow negotiations to extend the bonds' validity for five more years, according to a source involved in the talks.
Separately, PDVSA's ad-hoc board is since last year negotiating with a handful of creditors to explore payment options and avoid an auction of shares in one of the parent companies of Venezuela-owned refiner Citgo Petroleum.
Last month, a judge in Delaware gave priority to Crystallex International to cash proceeds from the proposed auction, while granting oil producer ConocoPhillips (COP.N) a position "near the front of the line."
Most bondholders will not have time enough to enforce legal action and register awards in Delaware by November to participate in the auction, but could pursue other legal strategies.
Venezuela's external debt, including PDVSA's, exceeds $60 billion. The Maduro administration halted payments to bondholders in 2017. In October, the default will have completed its sixth year, triggering legal options to claim the money.
Reuters: La Asamblea Nacional liderada por la oposición, discutirá extender la validez de los bonos
Los grupos de la oposición que supervisan los activos externos de Venezuela planean presentar esta semana a la Asamblea Nacional una propuesta para extender la validez de miles de millones de dólares en bonos impagos, dijo el lunes el jefe de una de las juntas supervisoras.
La Asamblea Nacional del país, elegida en 2019 y liderada por la oposición, emitió una orden nombrando juntas supervisoras para vigilar los activos extranjeros de Venezuela después de que Estados Unidos impusiera sanciones destinadas a derrocar al presidente Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional de la oposición es la única reconocida en el extranjero y ha recibido la autoridad de Estados Unidos para negociar cualquier pago de deuda externa.
La propuesta a los tenedores de bonos, que permitiría negociaciones de pago y esfuerzos de reestructuración de la deuda, sería similar a un plan presentado en marzo por el gobierno venezolano y la petrolera estatal PDVSA para suspender la prescripción de la deuda hasta 2028 o hasta que se levanten las sanciones de Estados Unidos a la nación.
Dado que la administración de Maduro no es reconocida por Washington, la propuesta del gobierno no ha mostrado grandes avances. Un plan equivalente de la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, también tendría que recibir el visto bueno de Estados Unidos.
"Debe haber una declaración conjunta sobre la validez de los bonos por parte del Comité de Administración y Protección de Activos de Venezuela y la junta ad-hoc de PDVSA, lo que podría ocurrir esta semana", dijo Horacio Medina, quien dirige la junta ad-hoc de PDVSA.
De aprobarse la propuesta, la Asamblea Nacional permitiría negociar la prórroga de la vigencia de los bonos por cinco años más, según una fuente involucrada en las conversaciones.
Por otra parte, la junta directiva ad-hoc de PDVSA negocia desde el año pasado con un puñado de acreedores para explorar opciones de pago y evitar una subasta de acciones de una de las empresas matrices de la refinería Citgo Petroleum, de propiedad venezolana.
El mes pasado, un juez de Delaware dio prioridad a Crystallex International para cobrar los ingresos de la subasta propuesta, mientras que concedió al productor de petróleo ConocoPhillips (COP.N) una posición "cerca del frente de la línea".
La mayoría de los tenedores de bonos no tendrán tiempo suficiente para emprender acciones legales y registrar las adjudicaciones en Delaware antes de noviembre para participar en la subasta, pero podrían seguir otras estrategias legales.
La deuda externa de Venezuela, incluida la de PDVSA, supera los 60.000 millones de dólares. El Gobierno de Maduro paralizó los pagos a los bonistas en 2017. En octubre, el impago habrá cumplido su sexto año, lo que activará las opciones legales para reclamar el dinero.